Una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Alcaldía de San Cristóbal, interpondrá el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, junto al abogado José Olivo Rodríguez, defensor de los comerciantes Oscar Escalante y Pablo Novoa, quienes desde hace 18 años laboran en el perímetro interno del Hospital Central de San Cristóbal, a quienes la municipalidad les paralizó sus actividades desde mayo de 2022, y pretende demolerles los locales comerciales.
“Pretenden demoler dos inmuebles, unos locales que fueron construidos producto de una consulta ordenada por el director del Hospital Central en mayo de 2004 y que fue publicado en Diario La Nación, una consulta abierta. Hay una resolución del director del hospital otorgándole la buena pro a quienes ganaron esa consulta. Luego los interesados, el señor Oscar Escalante y Pablo Novoa, procedieron a tramitar los permisos en la alcaldía, quien alegó que como era jurisdicción del Hospital Central no era necesaria esa autorización, y les otorgaron la patente de industria y comercio, y les han cobrado desde hace 18 años todos los impuestos municipales”, explicó Walter Márquez.
Precisó Márquez que en noviembre de 2004 ambos comerciantes certificaron ante la notaría tercera de San Cristóbal, una construcción de obra nueva, y en 2011 obtuvieron un título supletorio en el tribunal tercero del municipio San Cristóbal, documentos que demuestran una posesión pacífica ininterrumpida.
Indicó que ahora la Alcaldía con el argumento de que son terrenos municipales, cuando en realidad son terrenos adquiridos por el Estado venezolano en 1949, alega que el director del primer centro asistencial no tenía facultades para otorgar esas autorizaciones, e instruyeron un expediente para la nulidad de esa resolución. “En el supuesto de que fueran terrenos de la municipalidad, hay una ordenanza que permite la compra de los mismos, entonces el alcalde inicialmente ordenó un expediente para anular la decisión del director del Hospital. Eso está prescrito porque han transcurrido más de 18 años, un alcalde no tiene facultades para anular una decisión del Director del Hospital Central de San Cristóbal. Son poderes separados”, agregó.
El defensor de derechos humanos especificó que es un caso prescrito porque la propia ordenanza municipal establece cinco años para intentar cualquier acción por parte del municipio o del Estado venezolano, por lo que ahora se está violando el debido proceso, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad.
“En estricto derecho lo que se está cometiendo aquí es una persecución, que según el Artículo 7 del Estatuto de Roma es crimen de lesa humanidad, y la usurpación de funciones también es sancionado por el artículo 25 constitucional. No vamos a permitir ese atropello. Me reservo informar cuál es el trasfondo real de lo que está pasando aquí. No quisiera pasar a esa etapa, pero si es necesario públicamente diré el trasfondo que ha llevado a esta persecución”, manifestó Márquez, al aclarar que ha intentado comunicarse con el alcalde Silfredo Zambrano, sin éxito, y que sostuvo una reunión con el director General, Juan Rodolfo Martínez, quien insiste en la medida.
En medio de las medidas tomadas por la Alcaldía, al dueño del restaurante le cerraron arbitrariamente sus puertas hace pocos días sin permitirle sacar los alimentos, ni el mobiliario; mientras que el otro local que estaba en remodelación fue saqueado por funcionarios de la Alcaldía, pues se llevaron el cemento, los ladrillos y los materiales con los que trabajaban.
Derechos adquiridos
José Olivo Rodríguez, abogado defensor de los agraviados, precisó que los comerciantes contaban con autorización de las divisiones de ingeniería, catastro, protección ambiental y ompu de la alcaldía de San Cristóbal en la época, donde les otorgaron variables urbanas y certificados. “Han pasado 18 años, nunca han sido sancionados, al contrario, se les permitió pago de impuestos y aranceles correspondientes, ejercer una actividad comercial y así han hecho toda una actividad con pago de impuestos y solvencias que pretenden desconocer”.
Indicó que hay unas constancias emitidas por Catastro y opiniones de Sindicatura municipal, que establecen que son terrenos propiedad del Estado venezolano, por lo que no se les pueden desconocer sus derechos.
“Además hay contradicciones de ellos mismos. Por un lado, dicen que las construcciones se encuentran bien distribuidas, en perfectas condiciones, y por otro lado señalan que no tienen permiso de construcción y aprueban orden de demolición. Por eso estamos recurriendo a diversas instancias para que se les respeten los derechos humanos adquiridos”, señaló Rodríguez.
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