Esta semana han arrancado en Colombia las audiencias preparatorias para juzgar al que fuera líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', por la comisión de delitos, como terrorismo, asesinato, blanqueo de capitales, y desaparición forzada, cuando estuvo al frente de este grupo paramilitar.
A través de videoconferencia debido a que se encuentra preso en una cárcel de Nueva York desde que fue extraditado en mayo de 2022, está previsto que un tribunal de Antioquia presente sus testigos y una ristra de los delitos de los que sería responsable tras más de quince años al frente del Clan del Golfo.
"Desde una cárcel de Estados Unidos, su abogado, en una audiencia pública ante el Juzgado 7 Penal de Circuito de Medellín, pidió anular la acusación en su contra.
“Me permito solicitar la nulidad de la aprobación de la acusación realizada por la señora juez entre otros aspectos porque al aprobarla se aceptó el retiró del concierto para delinquir para traficar estupefacientes, violando la norma constitucional, disposiciones normativas que la desarrollan y derechos fundamentales como el debido proceso”, argumentó Jorge Luis Gutiérrez, abogado de ‘Otoniel’.
Por su parte la Fiscalía pidió a la juez negar esta nulidad, argumentando que una cosa es retirar un cargo de la acusación y otra retirar un fin de ese cargo.
“Aquí en ningún momento la Fiscalía ha retirado el cargo de concierto para delinquir en favor de Dairo Antonio Úsuga. Él está acusado por ese delito”, explicó la Fiscalía.
Serían más de 120 procesos a los que tendría que hacer frente 'Otoniel' --además de la condena de 40 años de cárcel que pesa sobre por la matanza de Mapiripán en 1997, cuando lideraba un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-- por delitos como organización criminal, terrorismo, homicidio, intento de asesinato, fabricación y tráfico de armas, tortura y desplazamiento forzado.
Considerado durante años como el principal jefe de la droga en Colombia, las autoridades lograron dar con él en octubre de 2021. Desde entonces estuvo intentando evitar la extradición a Estados Unidos, en donde se halla preso a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico y posesión de armas.
Aquel operativo que propició su arresto fue respondido por su organización criminal con un paro armado entre junio y agosto en varios partes del país, en especial en cuatro departamentos donde cuentan con amplia presencia.
Esa ola de violencia culminó con más de veinte uniformados muertos.
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